Mientras un sector de la Casa Rosada impulsa cerrar acuerdos políticos con las provincias antes del tratamiento legislativo, otro considera que primero debe aprobarse la reforma y luego negociar distrito por distrito. El oficialismo busca avanzar con el proyecto durante agosto, aunque admite que aún restan definiciones.
El Gobierno nacional atraviesa diferencias internas respecto de la estrategia para impulsar la reforma electoral, una de las iniciativas que el presidente Javier Milei considera clave para el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Dentro de la Casa Rosada conviven dos posturas sobre cómo encarar las negociaciones con los gobernadores. Un sector sostiene que es necesario alcanzar acuerdos políticos antes de que el proyecto llegue al Congreso, mientras que otro propone aprobar primero la reforma y recién después avanzar con los entendimientos electorales en cada provincia.
Entre quienes respaldan la primera alternativa se encuentran la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el asesor presidencial Santiago Caputo. Consideran que cerrar acuerdos previamente permitiría asegurar los votos necesarios para la aprobación de la iniciativa y reducir la incertidumbre legislativa.
En contraposición, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, defienden la idea de postergar cualquier definición electoral hasta después del tratamiento parlamentario. Desde ese sector entienden que el oficialismo no debe condicionar su estrategia política antes de contar con las nuevas reglas electorales aprobadas.
Uno de los puntos centrales de la discusión es la posibilidad de habilitar colectoras para que candidatos a diputados de gobernadores sin postulante presidencial puedan integrar la boleta nacional de Javier Milei. En el Ejecutivo sostienen que esta herramienta permitiría ampliar el respaldo electoral del Presidente sin resignar el armado territorial de La Libertad Avanza.
Sin embargo, algunos funcionarios reconocen que persiste un clima de desconfianza entre varios mandatarios provinciales, especialmente tras las elecciones de 2025, cuando el oficialismo presentó candidatos propios en numerosos distritos pese a mantener conversaciones con gobiernos locales.
En paralelo, el proyecto de reforma continúa en elaboración. En el Gobierno admiten que aún resta definir la redacción final, negociar con bloques aliados y resolver aspectos vinculados con el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuya eliminación, suspensión o modificación sigue bajo análisis.
El reciente revés legislativo con la ley de Propiedad Privada incrementó la cautela dentro de la Casa Rosada. El oficialismo busca evitar nuevas diferencias internas y llegar al Congreso con una propuesta consensuada que permita reunir las mayorías necesarias para avanzar con una de las reformas políticas más importantes de su agenda.
