El Reino Unido emitió directrices en su página oficial en las que respalda toda actividad económica legítima en las islas Malvinas, afirmando que el derecho de los residentes a regular su economía y recursos naturales está garantizado.
Según las directrices, el Gobierno británico sostiene que Argentina no tiene jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni puede aplicar su legislación en el territorio isleño ni sobre empresas o individuos que realicen actividades comerciales allí.
Las autoridades británicas sostienen que no hay base legal para que tribunales fuera de Argentina puedan hacer cumplir medidas adoptadas contra dichas empresas.
Esta postura del Reino Unido refuerza su posición histórica sobre el conflicto territorial y el derecho de los isleños a gobernar sus propios asuntos económicos.
