El Senado sancionó la Ley de Inocencia Fiscal II y el Gobierno busca que los ahorros no declarados ingresen al sistema

La iniciativa fue aprobada por 44 votos a favor y 23 en contra. El nuevo régimen amplía el alcance del esquema simplificado de Ganancias y limita determinadas facultades de fiscalización de ARCA. El Gobierno estima que podría favorecer el ingreso al sistema de unos US$170.000 millones.

El Senado de la Nación sancionó este jueves la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, una nueva versión del régimen vigente que busca ampliar el universo de contribuyentes alcanzados por el esquema simplificado de Ganancias y modificar los mecanismos de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra, luego de una negociación entre el oficialismo y senadores de la UCR, el PRO y distintas fuerzas provinciales. El acuerdo se alcanzó durante una jornada en la que la sesión estuvo cerca de no comenzar por falta de quórum.

El oficialismo necesitaba 37 senadores sentados en sus bancas para iniciar el debate y, cerca de las 11, contaba con 31. La situación se destrabó luego de una reunión con legisladores de fuerzas provinciales, entre ellos Carolina Moisés, Julieta Corroza, Beatriz Ávila y Flavia Royón, en la que se acordó avanzar con modificaciones vinculadas a la ley de Biocombustibles.

Con el ingreso de esos legisladores al recinto, el Senado reunió el número necesario para comenzar la sesión y posteriormente aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal.

Qué cambia con la nueva ley

Entre los principales cambios, la norma elimina los límites de ingresos anuales de $1.000 millones y de patrimonio de $10.000 millones que regían para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias.

También modifica el concepto de “discrepancia significativa”, estableciendo un umbral de tolerancia del 15%, y limita determinadas facultades de investigación de ARCA sobre incrementos patrimoniales no declarados.

Además, extiende el denominado tapón fiscal y la presunción de exactitud hasta el 31 de diciembre de 2027.

El Gobierno sostiene que el nuevo esquema podría contribuir a que unos US$170.000 millones que actualmente se encuentran fuera del sistema formal ingresen a la economía.

La legislación establece, además, una exclusión para funcionarios públicos de los beneficios y presunciones contemplados en el régimen. La restricción alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a su adhesión, así como a quienes ejerzan esas funciones posteriormente.

Entre los alcanzados se encuentran funcionarios y empleados con rango igual o superior al de secretario de Estado, legisladores nacionales y provinciales, concejales, parlamentarios del Mercosur, magistrados, integrantes del Ministerio Público y autoridades de organismos de control, entre otros.

Durante el debate, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, anticipó el rechazo de su bancada y vinculó la iniciativa con el programa económico del Gobierno. En tanto, el senador Fernando Salino planteó modificaciones relacionadas con las personas políticamente expuestas y el control de los incrementos patrimoniales.

Traspaso de la Justicia de menores a la Ciudad de Buenos Aires

Después de aprobar la Ley de Inocencia Fiscal II, el Senado también dio luz verde, por 44 votos contra 21, a los convenios entre el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires para transferir competencias de la Justicia Nacional en materia penal juvenil y delitos contra la integridad sexual.

El acuerdo contempla que la Ciudad asuma la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18.

También incluye a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o por hechos conexos, con el objetivo de mantener un único proceso judicial. Los delitos federales continuarán bajo jurisdicción nacional.

Las causas iniciadas antes de la fecha efectiva del traspaso no serán transferidas. La entrada en vigencia está prevista a los 120 días corridos desde la aprobación de los convenios por el Congreso y la Legislatura porteña, junto con la firma del acuerdo específico para transferir los recursos correspondientes.

Durante la sesión, Patricia Bullrich defendió el acuerdo y sostuvo que busca completar el proceso de transferencia de competencias jurisdiccionales hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El Senado también aprobó tres designaciones judiciales

En otra votación, la Cámara alta aprobó los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, propuestos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

También fue designado Juan Manuel Mejuto como juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 8 de la Capital Federal.