La audiencia fue suspendida después de que dos de los once imputados no se presentaran. Andino había ofrecido conectarse por videollamada, pero la magistrada rechazó esa modalidad, considerando que no es procedente que los investigados participen de forma remota en estas instancias. Ante esta situación, las defensas pidieron un cuarto intermedio para debatir cómo proceder sin la presencia de los acusados.
Los abogados defensores argumentaron que continuar sin todos los imputados afectaría los derechos procesales de sus clientes y solicitaron reprogramar la audiencia con la presencia completa de los investigados. El fiscal Sebastián Gómez y la Fiscalía de Estado respaldaron esta moción, reconociendo que el debido proceso exigía garantizar que todos los imputados pudieran estar presentes.
La jueza resolvió entonces reprogramar la audiencia y fijó criterios para hacerlo de forma correcta. Estableció que se notificará a las partes con al menos diez días de anticipación y que se buscará una locación más amplia que una sala común de Tribunales para albergar a todos los participantes. También se reservó el pedido de desafuero en caso de que los imputados no concurran nuevamente.
Esta decisión marca un nuevo punto de partida para el proceso judicial. La causa Acueducto involucra a once investigados, y la magistrada prioriza que todos tengan oportunidad de participar en las audiencias de forma presencial para garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales del proceso.
