Acusan a una mujer de extorsionar a un cirujano con falsas denuncias de abuso
Redacción Cuyo Visión
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Mónica Elizabeth Morán, ama de casa de Chimbas, enfrenta cargos por extorsión tras someter a un calvario a un reconocido cirujano. La causa se investiga en la UFI Delitos Especiales. Según la fiscalía, la mujer fabricó una acusación de abuso como herramienta de chantaje para exigirle sumas millonarias al profesional de salud, quien finalmente cedió ante el temor de que una denuncia de esa envergadura le destruyera su reputación y carrera.
El primer contacto entre Morán y el médico ocurrió el 27 de febrero de 2026, cuando la mujer llevó a su hija a la Clínica Santa Clara por dolores abdominales. El cirujano atendió a la joven, prescribió tratamiento y facilitó su número telefónico para seguimiento. Luego la paciente fue atendida nuevamente en otra clínica privada y finalmente en el Hospital Rawson el 21 de marzo, donde el médico estaba de guardia. Al terminar esa última consulta, la joven le regaló dos botellas de vino, le dio un abrazo y un beso en la mejilla como gesto de agradecimiento.
Horas después de ese último encuentro, Morán envió un mensaje por WhatsApp al médico advirtiéndole que lo denunciaría públicamente y lo “escrachtaría” alegando intento de abuso, a menos que le entregara dinero. Acorralado por el terror de una falsa acusación de esa magnitud, el cirujano transfirió 2.000.000 de pesos ese mismo 21 de marzo. Pero el pago no detuvo las exigencias. El 31 de marzo, Morán se presentó en la clínica privada del médico acompañada por otro hombre e increpó al profesional en su lugar de trabajo exigiendo más fondos bajo la misma amenaza.
La investigación del Ministerio Público Fiscal presentó pruebas contundentes: chats de WhatsApp donde consta la exigencia de 30.000.000 de pesos, registros fílmicos, cuatro fotografías y comprobantes bancarios de las transferencias. El acoso llegó a niveles insoportables cuando Morán y sus familiares merodeaban reiteradamente el lugar de trabajo del médico, obligándolo a cambiar su rutina diaria por temor a represalias físicas. La fiscalía solicitó un plazo de seis meses para la Investigación Penal Preparatoria y medidas coercitivas para evitar entorpecimiento de la causa.
