Alejandro “Tati” Jofré fue nuevamente imputado tras la incorporación de siete nuevas denuncias. La Justicia amplió la acusación a 51 hechos y extendió su prisión preventiva por cuatro meses.
El penitenciario Alejandro “Tati” Jofré, acusado de estafar a compañeros y allegados mediante un presunto sistema de inversiones, continuará detenido luego de que la Justicia ampliara la acusación en su contra por nuevos hechos denunciados.
Este miércoles, Jofré volvió a sentarse en el banquillo de los acusados frente al juez Matías Parrón, quien resolvió extender su prisión preventiva por cuatro meses. La decisión se tomó tras la incorporación de siete nuevas denuncias que elevan el total de hechos investigados a 51 y el perjuicio económico estimado a $222.000.000.
La ampliación de la acusación fue solicitada por el fiscal Guillermo Heredia, con la asistencia de la ayudante fiscal Gabriela Blanco, quienes indicaron que las nuevas denuncias representan un monto cercano a los $16.700.000.
Según la investigación, las presuntas víctimas —en su mayoría compañeros del Servicio Penitenciario y algunos familiares— habrían entregado dinero al imputado bajo la promesa de participar en un sistema de inversiones que ofrecía ganancias rápidas.
En la audiencia también se señaló la presunta participación de familiares del acusado como partícipes necesarios de la maniobra. De acuerdo con la fiscalía, parte del dinero entregado por las víctimas habría sido transferido a cuentas bancarias de allegados de Jofré.
En ese contexto, se encuentran imputados su pareja, Gabriela del Rocío González; su hermana, Carla Luciana Jofré; y su padre, Américo Jofré, quienes permanecen en libertad y son representados por la abogada Filomena Noriega.
Durante el proceso de formalización, la Justicia dispuso además la inhibición general de bienes y el embargo de bienes registrables y cuentas bancarias tanto del penitenciario como de sus familiares. Posteriormente se aclaró el alcance de la medida respecto de las cuentas sueldo del padre y la hermana del imputado.
Con la ampliación del expediente, la fiscalía solicitó la extensión de la medida cautelar y el juez Parrón resolvió que Jofré continúe detenido en una unidad del Servicio Penitenciario ubicada en Chimbas Sur, mientras avanza la investigación.
La causa comenzó a tomar volumen a mediados de 2025, cuando entre julio y agosto varios penitenciarios denunciaron haber sido engañados mediante un presunto sistema de inversiones. Según relataron los damnificados, entregaron importantes sumas de dinero con la expectativa de obtener altos intereses.
De acuerdo con los investigadores de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, el acusado habría devuelto inicialmente pequeñas sumas para generar confianza entre los inversores. Sin embargo, con el paso del tiempo dejó de responder y el dinero no habría sido reintegrado.
Los cálculos de la fiscalía indican que, desde que comenzó a operar en julio de 2024, el monto obtenido por el imputado equivaldría aproximadamente a unos 20 años de salario como agente penitenciario.
