La Cámara de Apelaciones de Nueva York frenó los procesos orientados a buscar activos embargables del Estado argentino, a la espera de que se resuelva la apelación principal del fallo por U$S 16.000 millones.
La Justicia estadounidense concedió un importante respiro a la Argentina en el marco del extenso litigio por la expropiación de YPF. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió suspender los procesos secundarios que impulsaban los beneficiarios del fallo, cuyo objetivo era identificar activos argentinos pasibles de embargo para cobrar la sentencia de U$S 16.000 millones dictada en contra del país.
La medida, que frena el proceso conocido como discovery (búsqueda de información), se mantendrá vigente hasta tanto se resuelva la apelación principal presentada por el Estado argentino contra la condena original de la jueza Loretta Preska. En el marco de esa etapa probatoria, Preska había solicitado a la Argentina la entrega de comunicaciones, chats y correos electrónicos de funcionarios. El propósito de la magistrada era intentar demostrar la teoría del alter ego, es decir, probar que YPF operaba como parte integral de la estructura del Estado, lo que habilitaría el embargo de bienes bajo su jurisdicción, como las reservas de oro del Banco Central.
El freno dictado por la Cámara de Apelaciones contó con el respaldo político del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Hacia el final de la semana pasada, el organismo norteamericano presentó un memorándum en el que argumentó que el proceso de discovery en curso resultaba “excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad”. A su vez, la decisión de la Cámara de Apelaciones cancela la audiencia que la jueza Preska había convocado para tratar un pedido del fondo Burford —principal beneficiario del fallo— que buscaba declarar a la Argentina en desacato por no entregar la información requerida en los plazos fijados.
Desde la Presidencia de la Nación celebraron el fallo, calificándolo como un “hito histórico” en la defensa de los intereses nacionales, y destacaron que la estrategia jurídica actual cuenta con “rigor técnico y responsabilidad”. Especialistas en la materia señalaron que la resolución de la Cámara evidencia una intención de simplificar el proceso judicial y anticipa que la decisión de fondo sobre la apelación principal podría conocerse antes de lo esperado.
