El Senado dará ingreso parlamentario a una nueva tanda de pliegos de jueces, fiscales y defensores enviados por el Poder Ejecutivo, en una sesión que también incluirá el tratamiento de proyectos vinculados al pago a fondos buitres, la regularización de armas de fuego y la prórroga del mandato del juez Carlos Mahiques.
El Gobierno enviará nuevos candidatos para cubrir vacantes judiciales en provincias como Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta y Tucumán, luego de que sectores dialoguistas de la oposición condicionaran su apoyo a otros 47 postulantes a la cobertura de cargos en el interior del país.
En la Comisión de Acuerdos, el oficialismo no logró reunir todavía los respaldos necesarios para avanzar con los dictámenes de candidatos para la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Legisladores de la UCR, el PRO y bloques provinciales reclaman mayor representación federal en los nombramientos.
En paralelo, el Senado realizará nuevas audiencias públicas para evaluar a otros 30 postulantes a la Justicia, entre ellos Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
Pago a fondos buitres
Otro de los puntos centrales de la sesión será el tratamiento del proyecto impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para autorizar el pago de US$171 millones a dos fondos buitres.
La iniciativa contempla acuerdos con Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, con el objetivo de evitar litigios internacionales y posibles avances judiciales sobre activos argentinos, incluidas acciones de YPF.
Según el proyecto, el Estado deberá abonar US$67 millones a Bainbridge y US$104 millones al segundo grupo de acreedores.
Regularización de armas
Además, el Senado buscará convertir en ley un proyecto aprobado en Diputados para regularizar la tenencia de armas de fuego y extender el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y Municiones hasta diciembre de 2027.
La propuesta establece un sistema simplificado para regularizar armas no declaradas y otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
También prevé incentivos económicos para quienes entreguen armas de manera voluntaria y anónima para su destrucción.
