El Gobierno nacional confronta con el relato histórico tradicional, cuestiona la cifra de desaparecidos y sostiene que en los años 70 existió una guerra. En paralelo, el oficialismo avanza con una política de revalorización de las Fuerzas Armadas.
En el marco del 50.º aniversario del golpe cívico-militar, el presidente Javier Milei profundizó su enfrentamiento ideológico con los sectores de izquierda y el kirchnerismo al renombrar la fecha conmemorativa como el “Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad Completa”. Esta decisión forma parte de una batalla cultural impulsada desde la Casa Rosada, que busca incorporar al debate histórico el accionar de los grupos armados durante la década del 70.
El paradigma libertario se apoya en la teoría de que la Argentina vivió una “guerra” en aquellos años y que los militares intervinieron en un escenario de confrontación interna. Uno de los principales arquitectos de este discurso oficial es el politólogo Agustín Laje, actual director de la Fundación Faro, quien cuestionó abiertamente la cifra de los 30.000 desaparecidos asegurando que “jamás surgió de ninguna investigación” y criticó la existencia de un relato “maniqueo y reduccionista”.
Como complemento a esta visión revisionista de la historia, la gestión de Milei ha impulsado un cambio profundo en la relación del Estado con los militares. El Ejecutivo avanzó con la revalorización del rol castrense, incrementando el presupuesto para equipamiento —como la compra de aviones caza F-16— y dictando decretos que habilitan a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior para combatir a grupos terroristas.
Si bien esta postura pro-militar es un activo político compartido con la vicepresidenta Victoria Villarruel, la relación entre ambos transita por carriles separados tras diversos cortocircuitos internos. No obstante, ambos coinciden ideológicamente frente al fuerte rechazo de los organismos de derechos humanos, quienes acusan al oficialismo de negacionismo. En cuanto a las actividades oficiales para este año, el Gobierno decidió suspender el tradicional desfile militar argumentando motivos de austeridad y ahorro económico, mientras que desde la Casa Rosada desmintieron los rumores sobre un posible indulto a militares condenados.
