La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y recomponer los salarios docentes.
El fallo obliga a cumplir de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización salarial de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma en septiembre de 2025. Además, dispone la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
En su resolución, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán cuestionaron los argumentos del Estado y consideraron “poco serios” los planteos que señalaban que la cautelar equivalía a una sentencia definitiva encubierta.
También remarcaron que el impacto fiscal de la medida es acotado y no afecta de manera sustancial el interés público. Por el contrario, destacaron que está en juego un derecho constitucional central como el acceso a la educación superior pública.
La cautelar original había sido dictada en diciembre por el juez federal Enrique Cormick, a partir de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y respaldada por más de 40 universidades públicas.
En ese momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 —mediante el cual el Gobierno había suspendido la aplicación de la ley— presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
Desde el Ejecutivo, en tanto, calificaron la decisión judicial como “arbitraria” y sostuvieron que la implementación de la ley requiere previamente definir su financiamiento en el Presupuesto, una facultad que —según argumentan— corresponde al Congreso y no al Poder Judicial. Además, advirtieron sobre posibles efectos negativos en el equilibrio fiscal, punto que fue desestimado por la Cámara.
El conflicto por el financiamiento universitario escaló entre 2024 y 2025, con masivas movilizaciones en todo el país en defensa de la educación pública. Entre ellas, se destacaron la segunda Marcha Federal Universitaria en octubre de 2024 y la protesta del 17 de septiembre de 2025 bajo la consigna “Si hay veto, hay marcha”.
Mientras tanto, el Gobierno evalúa avanzar con un nuevo proyecto de ley que modifique el esquema vigente y logre consenso político en el Congreso, con el objetivo de destrabar el conflicto y dar previsibilidad al sistema universitario.
