El Gobierno nacional mantiene la prohibición de ingreso a periodistas acreditados en la Casa Rosada por tercer día hábil consecutivo, sin brindar detalles sobre cuándo se normalizará la situación.
La medida incluye la baja de acreditaciones y la eliminación del sistema de huellas digitales que permitía el acceso diario a la sala de prensa y a otras áreas de la sede gubernamental. Consultado sobre el tema, un alto funcionario respondió: “Por ahora, no”, en referencia a una posible reversión de la decisión.
Desde el Ejecutivo, el secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari, explicó que la medida se tomó de forma preventiva tras una denuncia de la Casa Militar por presunto espionaje ilegal. “El único fin es garantizar la seguridad nacional”, sostuvo.
La restricción fue aplicada sin previo aviso el jueves pasado y, en un primer momento, se vinculó también a una investigación sobre una supuesta infiltración extranjera en medios de comunicación.
Repercusiones y reclamos
La decisión generó una serie de cuestionamientos por parte de dirigentes políticos, organizaciones periodísticas y referentes de la sociedad civil. Entidades como ADEPA y FOPEA manifestaron su preocupación por el impacto en el ejercicio profesional y el acceso a la información pública.
En ese marco, el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, recibió a periodistas afectados y expresó su respaldo al reclamo. Además, se prevé una manifestación en la Plaza de Mayo para visibilizar la situación.
“La importancia de este espacio radica en garantizar el derecho a trabajar, la libre expresión y el acceso a la información”, señalaron desde la Pastoral Social en un comunicado.
Acciones judiciales y postura oficial
En paralelo, el diario Ámbito Financiero presentó un recurso de amparo para que se deje sin efecto la medida, que quedó en manos de la Justicia.
Mientras tanto, desde el entorno del presidente Javier Milei no hubo señales de un cambio inmediato. El mandatario incluso respaldó en redes sociales la idea de limitar la comunicación oficial a canales digitales, lo que profundizó el debate sobre el vínculo entre el Gobierno y la prensa.
La restricción no tiene antecedentes recientes desde el retorno de la democracia en 1983 y mantiene en alerta al sector periodístico sobre las condiciones de acceso a la información pública.
