abril 27, 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió desplazar al ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura. Una investigación periodística reveló que poseía inmuebles no declarados en Estados Unidos por cientos de miles de dólares.

Un nuevo escándalo sacude a la administración nacional. Este domingo, el Gobierno decidió desplazar de su cargo a Carlos Frugoni, quien se desempeñaba en un rol clave como secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía. La drástica decisión se tomó luego de que saliera a la luz que el funcionario poseía propiedades y sociedades en Estados Unidos que no habían sido declaradas ante los organismos de control en Argentina.

La orden fue ejecutada directamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, tras la fuerte repercusión de una investigación periodística que expuso el patrimonio oculto del funcionario. “Fue un despido”, confirmaron fuentes oficiales de la cartera económica.

Según la información que trascendió, Frugoni tendría al menos siete propiedades en Miami y participación en dos sociedades comerciales: Genova LLC y Waki LLC, registradas en el estado de Delaware en 2021 y 2025. Ninguno de estos activos figuraba en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Se estima que las propiedades están valuadas entre 140.000 y 310.000 dólares. Cinco de esos inmuebles se ubican en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida, una zona de altísimo valor inmobiliario.

Frugoni ocupaba un puesto estratégico dentro del esquema del Gobierno de Javier Milei, teniendo bajo su órbita áreas sensibles como Infraestructura y Transporte. Sin embargo, no es la primera vez que su nombre aparece en el centro de los cuestionamientos: durante la presidencia de Mauricio Macri, fue titular de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) y estuvo vinculado a las obras del Paseo del Bajo.

Tras su salida, en el Ministerio de Economía ya analizan quién será su reemplazo, mientras el caso vuelve a poner bajo la lupa los controles patrimoniales y la transparencia de los funcionarios públicos.

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