Luego de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria realizada este martes en Plaza de Mayo y distintos puntos del país, el Gobierno nacional ratificó su postura frente al conflicto con las universidades públicas y volvió a vincular la movilización con sectores opositores.
Mientras estudiantes, docentes, autoridades académicas y gremios reclamaron por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, desde la Casa Rosada insistieron en que la protesta tuvo un fuerte componente político y defendieron las auditorías impulsadas sobre el sistema universitario.
Fuentes del Gobierno señalaron que esperan una definición de la Corte Suprema de Justicia respecto de la ley aprobada por el Congreso y aún no aplicada por el Ejecutivo.
“El recurso todavía no está firme hasta que se expida la Corte”, sostuvieron desde Nación, en línea con la postura oficial que cuestiona la norma por no especificar el origen de los fondos necesarios para su financiamiento.
En paralelo, el presidente Javier Milei replicó en redes sociales mensajes de dirigentes y militantes libertarios que relativizaron la movilización y apuntaron contra sectores políticos opositores.
Uno de los principales voceros oficiales sobre el tema fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien aseguró que detrás del reclamo existen “corporaciones políticas y sindicales”.
“Es un acto opositor. Una causa noble se esconde atrás de la política”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales.
Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, también defendieron las auditorías universitarias y remarcaron la necesidad de “mostrar los números” del sistema educativo superior.
“Lo que se busca es mejorar la calidad educativa, los índices de graduación y utilizar eficientemente los recursos”, señalaron desde la cartera nacional.
En ese marco, Pettovello anunció la creación de un “Micrositio de Datos de las Universidades Nacionales”, donde se publicará información vinculada a presupuesto, cantidad de alumnos, tasas de egreso y costos por graduado.
La ministra también cuestionó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el financiamiento de hospitales universitarios y por la política respecto de estudiantes extranjeros.
Por su parte, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron sobre el deterioro presupuestario y denunciaron que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.
En el documento leído durante la marcha, las organizaciones universitarias sostuvieron que la situación presupuestaria es “crítica” y alertaron sobre el impacto en salarios, investigación y funcionamiento académico.
La tensión entre el Gobierno y el sistema universitario se profundiza mientras continúa la disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario y crecen los reclamos por recursos para el sector.
