La Cámara de Diputados sancionó con amplia mayoría la normativa impulsada por el Ejecutivo. El gobernador destacó que la herramienta busca asegurar la generación de empleo local y potenciar a las pymes de la provincia.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, celebró este jueves la sanción de la Ley de Desarrollo Local Minero, luego de que la Cámara de Diputados de la provincia aprobara la iniciativa con un contundente respaldo político. A través de sus redes sociales, el mandatario agradeció el acompañamiento legislativo y destacó el impacto que tendrá la normativa en el sector productivo local.
“Hoy avanzamos en el San Juan del futuro que queremos construir”, expresó Orrego en su cuenta oficial de X. En su publicación, el jefe del Ejecutivo provincial remarcó que, con esta nueva herramienta legal, la gestión buscará “seguir asegurando que la minería genere cada vez más trabajo sanjuanino y más oportunidades para nuestras pymes”. “Ese es el rumbo que elegimos para cada familia de la provincia”, concluyó el mensaje.
La normativa, que representaba uno de los principales objetivos del Gobierno provincial para el año legislativo, fue aprobada en general con 33 votos afirmativos y solo dos negativos. El proyecto logró un consenso transversal que unificó las voluntades del oficialismo y sumó el acompañamiento del bloque Justicialista, en un contexto provincial atravesado por la llegada de nuevas inversiones vinculadas a la expansión del oro y los futuros desarrollos de cobre.
El objetivo central de la nueva ley es incrementar la participación de los trabajadores y las empresas sanjuaninas en la cadena de valor de la actividad extractiva. Entre sus puntos clave, establece la creación de un Registro de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN) de carácter público y digital, y fija metas progresivas de contratación de mano de obra y adquisición de bienes y servicios locales (apuntando a un 60% de compras dentro de la provincia).
Además, el marco normativo prevé incentivos para las compañías que cumplan las metas, otorgando Certificados de Crédito Fiscal que podrán utilizarse para cancelar impuestos provinciales. En contrapartida, incluye un régimen de sanciones con multas de hasta 60.000 Unidades Tributarias y la suspensión del registro para aquellas empresas que incumplan las disposiciones exigidas. El Ministerio de Minería, asistido por un Consejo Consultivo público-privado, estará a cargo del control y la fiscalización.
