El conflicto que había paralizado el transporte público desde la madrugada del miércoles encontró su solución el jueves por la tarde cuando ambas partes alcanzaron un entendimiento. El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, confirmó que la negociación en sede administrativa permitió resolver la disputa sin necesidad de intervención judicial.
El reclamo de los choferes se basaba en una deuda salarial que, según el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), mantienen las empresas de transporte. El Gobierno provincial había intervenido presentando una medida cautelar ante la Justicia para obligar la reanudación del servicio, pero las negociaciones avanzaron de forma más rápida de lo esperado.
Antes de llegarse al acuerdo, las autoridades habían adoptado una postura firme. El jefe de Asesores del Gobierno, Rodolfo Colombo, y la ministra de Gobierno, Laura Palma, presentaron una acción legal ante el Primer Juzgado Civil, cuyo titular Héctor Rollán ordenó a ambas partes cesar las medidas de fuerza. Incluso el fiscal de Estado había advertido sobre multas de un millón de pesos diarios en caso de incumplimiento.
Con el principio de acuerdo establecido, los colectivos se encuentran en vías de reanudar sus recorridos habituales en la provincia. Aunque la medida de fuerza aún no fue formalmente levantada, las negociaciones exitosas despejaron el camino para que miles de usuarios recuperen su medio de transporte habitual tras una jornada de fuerte incertidumbre.
