Redacción Cuyo Visión 
La administración nacional busca resolver en los próximos días los principales puntos de conflicto con los legisladores dialoguistas para obtener el respaldo necesario en la Cámara de Diputados. El cronograma apunta a firmar el despacho el miércoles a las 14 horas, tras una última reunión informativa del martes a las 11. El Gobierno asegura que las conversaciones avanzan sin inconvenientes, aunque desde los aliados advierten que los tiempos son muy ceñidos.
La principal exigencia del Ejecutivo es que cualquier modificación respete las metas fiscales, especialmente el equilibrio de cuentas y el superávit primario. Sin embargo, esto genera choques con distintos bloques que reclaman reforzar partidas consideradas esenciales. Uno de los puntos críticos es la jurisdicción 91, que reúne unos 14,9 billones de pesos con un aumento interanual del 163 por ciento.
Los legisladores de la UCR, el PRO y espacios provinciales exigen que se eliminen artículos sobre discapacidad y que se recompongan esos fondos. También cuestionan la supresión del mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones que actualmente se ajustan por inflación. Las universidades nacionales son otro foco de tensión, ya que el proyecto contempla 7,3 billones mientras que los rectores reclaman aproximadamente 11 billones.
Además, trece provincias con cajas jubilatorias propias buscan que el presupuesto reconozca las deudas previsionales que el Estado nacional mantiene con sus sistemas. Los gobernadores también plantean la necesidad de fondos para infraestructura vial y reactivación de obras públicas detenidas desde 2023. La Libertad Avanza dispone de 95 diputados propios y requiere al menos 129 votos para aprobar el proyecto en el recinto.
