El Ejecutivo busca frenar la aplicación plena de la norma y analiza cumplirla de forma gradual mientras avanza en la estrategia judicial.
El Gobierno nacional apelará el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y ordenó la actualización de salarios docentes y no docentes, la recomposición de becas estudiantiles y el sostenimiento de partidas para investigación.
Según fuentes oficiales, los equipos jurídicos del Ejecutivo ya trabajan sobre los expedientes y preparan la estrategia judicial. En una primera instancia, presentarán un recurso extraordinario federal ante la misma Cámara que dictó la resolución. En caso de rechazo, prevén elevar una queja ante la Corte Suprema de Justicia.
En paralelo, el Gobierno analiza una vía administrativa para cumplir con la norma de manera gradual. Desde la Casa Rosada señalaron que se avanzará con transferencias mensuales para dar cumplimiento al fallo, pero sin incorporar el impacto total en el presupuesto anual. La intención es evitar que el costo se consolide como una ampliación permanente del gasto público.
El eje del conflicto se centra en los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de salarios universitarios entre diciembre de 2023 y la sanción de la norma en un porcentaje no inferior a la inflación del período, así como la recomposición de becas según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, la legislación contempla partidas destinadas a investigación.
Desde el Ejecutivo sostienen que la aplicación plena de la ley tiene un impacto fiscal significativo. Esta postura ya había sido planteada cuando se promulgó la norma en octubre de 2025 y, de forma simultánea, se dictó el decreto 759/2025 para intentar frenar su implementación hasta definir las fuentes de financiamiento, medida que fue objetada por la Justicia.
A mediano plazo, el oficialismo evalúa enviar un nuevo proyecto al Congreso para modificar el esquema actual. La iniciativa apuntaría a reemplazar el mecanismo de actualización automática por uno más acotado, sin avanzar en la derogación de la ley vigente.
