El Gobierno nacional avanzará este miércoles con un operativo de fiscalización sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga, en el marco de investigaciones impulsadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) por presuntas irregularidades administrativas y financieras.
Desde las 13, los veedores designados por el Ministerio de Justicia se presentarán en las sedes de ambas entidades para solicitar acceso a documentación societaria, balances, contratos comerciales y registros internos.
La medida estará a cargo del abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, quienes fueron nombrados oficialmente para llevar adelante las tareas de control durante un plazo de 180 días.
Según explicaron desde el Ministerio de Justicia, se trata de una “veeduría administrativa” y no de una intervención formal sobre la AFA. El objetivo, sostienen, es garantizar el acceso a la información y verificar el funcionamiento institucional y contable de las entidades investigadas.
Sin embargo, en el entorno del fútbol argentino interpretan la decisión como un movimiento de fuerte impacto político sobre la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.
La investigación se centra en contratos comerciales, movimientos financieros y estructuras societarias que la IGJ viene analizando desde hace varios meses. Entre los puntos bajo observación aparecen transferencias internacionales y acuerdos vinculados a derechos comerciales de la Selección Argentina.
Uno de los focos de atención está puesto sobre TourProdEnter LLC, firma señalada como agente comercial exclusivo de contratos internacionales de la AFA y vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette.
El conflicto también se da en medio de una disputa por la competencia de control. Mientras la AFA sostiene que su domicilio legal está radicado en la provincia de Buenos Aires —actualmente en Pilar y con operaciones en el predio de Ezeiza—, el Gobierno nacional sostiene que la IGJ mantiene facultades de fiscalización sobre la entidad.
La histórica sede de la AFA en la calle Viamonte y las oficinas de la Superliga en Puerto Madero serán los primeros lugares donde los enviados del Ministerio comenzarán el relevamiento documental.
Desde la Casa Rosada remarcan que la intención es determinar si existieron incumplimientos administrativos o irregularidades societarias. En paralelo, cerca de Tapia consideran que existe una presión política creciente sobre la conducción del fútbol argentino y que las medidas exceden una simple revisión técnica.
En las próximas semanas, los veedores deberán elaborar informes sobre balances, contratos y funcionamiento institucional de las entidades. El operativo marca un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno y la conducción de la AFA, en un contexto de investigaciones judiciales y cuestionamientos cruzados.
