El Gobierno nacional resolvió frenar el avance en el Senado de los pliegos de los jueces Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, ambos postulados para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, en medio de la investigación judicial que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
Según trascendió desde la Casa Rosada, la decisión no implica retirar formalmente las postulaciones, sino postergar su tratamiento parlamentario hasta que la Cámara Penal Económica resuelva la apelación presentada por Tapia y Toviggino en la causa donde fueron procesados por presunta apropiación indebida de tributos y asociación ilícita.
Ambos magistrados quedaron bajo revisión política por haber intervenido en expedientes vinculados a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. En el oficialismo consideran que avanzar ahora con los ascensos podría generar cuestionamientos en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y la cúpula de la AFA.
Los dos candidatos ya habían atravesado la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado el pasado 6 de mayo, como parte del procedimiento constitucional para cubrir vacantes judiciales. Sin embargo, fuentes parlamentarias confirmaron que no existe fecha prevista para que los pliegos sean tratados en el recinto.
La situación de Juan Pedro Galván Greenway generó especial atención dentro del oficialismo por haber intervenido en una resolución favorable a Tapia en una causa relacionada con supuestas irregularidades institucionales en la AFA.
En paralelo, sobre Alejandro Catania pesan cuestionamientos vinculados a antecedentes judiciales y supuestos vínculos políticos que volvieron a ser analizados tras el avance de investigaciones impulsadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Actualmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico funciona con una integración reducida. Solo la jueza Carolina Robiglio y el juez Roberto Hornos ocupan las Salas B y A, respectivamente, mientras continúan vacantes otros cargos clave.
La decisión del Gobierno se produce además en un contexto de endurecimiento de la estrategia oficial frente al fútbol argentino. En las últimas semanas, la administración nacional avanzó con la designación de veedores en la AFA y la Superliga, mientras distintas causas vinculadas a la estructura financiera de la entidad comenzaron a moverse en fueros federales y penales económicos.
Uno de los expedientes más sensibles es el que tramita en el juzgado penal económico de Diego Amarante, donde Tapia y Toviggino fueron procesados por presuntas irregularidades tributarias y previsionales. La causa sumó recientemente nuevas denuncias vinculadas a asociación ilícita fiscal y facturación apócrifa.
Desde el oficialismo insistieron en que la decisión busca “administrar los tiempos políticos y parlamentarios” hasta que exista una resolución judicial sobre la apelación pendiente.
Fuente: Infobae
