El Gobierno posterga la concesión del Correo Argentino por su rol clave en las elecciones de 2027

El Ejecutivo dejó de considerar prioritaria la licitación para concesionar el servicio postal y no definió una fecha para publicar los pliegos. La principal preocupación está vinculada con las tareas logísticas que el Correo debe garantizar durante los comicios nacionales.

El Gobierno nacional puso en pausa el proceso para concesionar el Correo Argentino ante la cercanía de las elecciones de 2027. Si bien los equipos técnicos continúan trabajando en el esquema, en la Casa Rosada reconocen que la iniciativa perdió prioridad y que, por el momento, no existe una fecha definida para avanzar con la licitación.

La principal dificultad está vinculada con el papel que desempeña la empresa estatal en los procesos electorales. El Correo participa en el despliegue y repliegue de urnas y documentación, la transmisión de telegramas y otras tareas logísticas que requieren una planificación anticipada.

En el Ejecutivo consideran que iniciar ahora una licitación y avanzar hacia un cambio de operador podría superponerse con la preparación de los próximos comicios. A esto se suma la posibilidad de que finalmente se implementen las PASO en 2027, una definición que continúa abierta mientras el oficialismo debate en el Senado distintos aspectos de la reforma política.

Desde el Gobierno sintetizan que la concesión “no es prioritaria” en este momento. En tanto, fuentes vinculadas al proceso aseguran que el trabajo técnico continúa, aunque sin un cronograma definido para el llamado a licitación.

Un proceso que perdió velocidad

La decisión modifica la hoja de ruta que la Casa Rosada había planteado a comienzos de año. Entre diciembre y enero, el Gobierno proyectaba tener avanzado el proceso durante el primer trimestre de 2026, pero los plazos se extendieron y el expediente perdió impulso en medio de cambios en las estructuras encargadas de coordinar las empresas públicas.

El plan oficial contempla, en principio, una nueva concesión de la explotación del servicio postal y no la venta directa de las acciones del Correo. El antecedente se remonta a la rescisión de la concesión privada en 2003 y a la posterior creación del Correo Oficial de la República Argentina como sociedad estatal.

La cuestión electoral representa una dificultad específica frente a otros procesos de privatización. El Código Electoral establece funciones para los empleados del correo relacionadas con la recepción y traslado de urnas, documentación y telegramas una vez finalizada la votación, mientras que la logística general de cada elección se instrumenta mediante acuerdos con el Estado.

Durante las elecciones legislativas de 2025, la sede central del Correo fue utilizada para pruebas de transmisión y recuento, mientras que la empresa también participó en distintas tareas vinculadas con la jornada electoral y el pago de compensaciones a las autoridades de mesa.

Una posible transición después de las elecciones

La Casa Rosada analiza si existe una alternativa que permita avanzar parcialmente con el procedimiento sin modificar la operación antes de los comicios de 2027.

Entre las posibilidades técnicas aparece la opción de licitar y adjudicar la concesión, pero establecer una toma de posesión posterior a las elecciones. Sin embargo, desde el Gobierno no confirmaron que esa alternativa haya sido adoptada ni que exista una decisión de avanzar bajo ese esquema.

La postergación del Correo contrasta con el avance de otros procesos de concesión. Durante agosto, el Ministerio de Economía lanzó la licitación para concesionar por 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza del Belgrano Cargas, que abarcan 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias. La primera presentación de ofertas está prevista para noviembre.

También avanzó el traspaso de Corredores Viales, con la adjudicación de ocho nuevos tramos a operadores privados, mientras que el proceso de AySA continúa abierto pese a la postergación de la recepción de ofertas hasta septiembre.

La situación financiera del Correo

El Correo llega a esta pausa con una situación financiera diferente a la de comienzos de la actual gestión. El presupuesto para 2026 proyecta ingresos corrientes por $774.126 millones y gastos por $720.308 millones, con un resultado económico positivo de $53.818 millones y sin transferencias corrientes de la Administración Nacional.

Además, la compañía prevé girar $60.000 millones al Tesoro y continuar con un programa de reducción de costos.

El presupuesto contempla inversiones por $34.745 millones, la expansión del modelo de “Punto Correo”, nuevos sistemas de clasificación automática y trazabilidad, mejoras en los centros de datos y herramientas destinadas al comercio electrónico.

La dotación de personal también refleja el proceso de reducción. El Correo cerró 2025 con 11.676 empleados y proyecta finalizar 2026 con 11.436.

Por ahora, el Gobierno no considera cancelada la concesión, pero dejó de trabajar con el objetivo de concretarla antes de las elecciones de 2027. La empresa continuará bajo gestión estatal mientras se analiza si es posible diseñar una transición que no afecte la logística electoral o si el proceso deberá retomarse después de los comicios.