Gabriel Balmaceda, un empresario que enfrentaba cargos penales, estaba a punto de resolver sus problemas judiciales mediante un acuerdo millonario. Sin embargo, no llegó a tiempo a una audiencia crucial, lo que lo llevó directamente a la cárcel.
La jueza Flavia Allende declaró a Balmaceda en rebeldía por su ausencia y lo encarceló. El empresario pudo recuperar su libertad al día siguiente, pero con pesadas obligaciones a cuestas: pagar 12 millones de pesos y entregar seis motos 0km.
El acuerdo incluye la entrega de motos marca Okinoi a seis víctimas y pagos en efectivo a otras cuatro. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podría complicar severamente su situación legal.
Este caso es parte de una serie de denuncias por uso de cheques truchos para comprar motos a particulares, generando un perjuicio económico estimado en 20 millones de pesos.
