La Justicia investiga una presunta maniobra fraudulenta que habría ocasionado un perjuicio de $15 millones al sindicato. El principal apuntado es Alejandro Savoca, exsecretario de Seguridad Social del gremio, junto a un profesional de una clínica privada.
La Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, encabezada por el fiscal Nicolás Alvo, llevó adelante en las últimas horas una serie de allanamientos en el marco de una grave denuncia por defraudación y estafas con prestaciones médicas en el sindicato UPCN. En el centro de la polémica se encuentra Alejandro Savoca, quien intentó disputarle la conducción del gremio al histórico dirigente José “Pepe” Villa, y el médico Francisco Soberbio, vinculado a la Clínica La Pau.
La investigación se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 9 de febrero por el propio “Pepe” Villa. La acusación sostiene que Savoca, en su rol como encargado del coseguro sindical, habría autorizado de manera irregular prácticas médicas a personas que no estaban afiliadas a la institución, generando un “rojo” millonario en las cuentas del gremio.
Los detalles de la presunta maniobra
De acuerdo con las fuentes judiciales, la estafa no solo incluiría la atención a no afiliados, sino también la presunta sobrefacturación y duplicidad de servicios médicos (especialmente mamografías).
- El rol del gremialista: Savoca era el responsable de recibir, verificar y autorizar las órdenes del coseguro de UPCN. Se lo investiga por administración fraudulenta.
- El rol del médico: Francisco Soberbio era quien presentaba la facturación por las prácticas médicas realizadas en la clínica. Quedó en la mira judicial como presunto partícipe de estafa, ya que los investigadores buscan determinar si existía connivencia entre ambos.
Durante los procedimientos, la Policía allanó la vivienda de Savoca y las instalaciones de la clínica, donde se procedió al secuestro de una notebook y un teléfono celular pertenecientes al médico.
Un perjuicio millonario
Las primeras estimaciones de la auditoría interna del sindicato arrojan que estas maniobras habrían ocasionado un déficit aproximado de $15 millones. Entre las inconsistencias detectadas, se facturaban diversas prácticas con valores mucho más elevados para el coseguro de UPCN que los montos que cubría la Obra Social Provincia (OSP), algo que va en contra del funcionamiento habitual del sistema.
Ahora, la Fiscalía deberá analizar los dispositivos secuestrados y la documentación recabada para definir cuándo solicitará la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra los dos acusados.
