Geógrafos de la UNSJ alertan por el impacto territorial de la ley de propiedad privada

Un grupo de docentes e investigadores del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ difundió un documento con observaciones al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional. Aclaran que no discuten el derecho a la propiedad privada, garantizado por la Constitución, sino que ponen el foco en cómo la iniciativa modificaría las herramientas del Estado para intervenir sobre el suelo.

Según el análisis, el proyecto agrupa en una sola norma cambios sobre expropiaciones, desalojos, regularización de barrios populares, la Ley de Tierras Rurales y el sistema de manejo del fuego. Para los especialistas, estas reformas van más allá de lo patrimonial y registral, porque afectan directamente la organización del territorio, la distribución poblacional, el desarrollo urbano y el manejo de los recursos naturales.

El documento repasa punto por punto los riesgos que identifican. En el caso de la ley RENABAP, señalan que al levantar restricciones para vender lotes regularizados en barrios populares se podría abrir la puerta a la especulación inmobiliaria y al desplazamiento de esas familias hacia zonas periféricas. Sobre la Ley de Tierras Rurales, advierten que flexibilizar los límites a la compra por parte de extranjeros pone en riesgo el control sobre recursos clave como el agua, los minerales y las zonas de frontera. Y en relación al manejo del fuego, cuestionan que se eliminen los plazos que impiden cambiar el uso de un terreno recién incendiado, lo que debilita los incentivos para prevenir incendios intencionales.

Los académicos remarcan que provincias y municipios deben conservar sus atribuciones sobre el ordenamiento territorial y el dominio de los recursos naturales, tal como lo fija la Constitución. Por eso, reclaman que antes de avanzar con la sanción de la ley se abra un debate amplio, con participación de distintas disciplinas y de las provincias, para medir el impacto ambiental, social y político de la reforma.