El escenario político volvió a tensarse este lunes tras la declaración del contratista Matías Tabar, quien afirmó ante la Justicia que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le habría pagado 245.000 dólares en efectivo por la remodelación de una vivienda ubicada en un country de Exaltación de la Cruz.
Según fuentes judiciales, el testimonio fue incorporado en la causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito, expediente que tramita en los tribunales de Comodoro Py bajo la órbita del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Desde el Gobierno minimizaron el impacto de la declaración y aseguraron que “no modifica el rumbo” del caso. Voceros oficiales señalaron que el monto mencionado “no es correcto” y calificaron los costos de la obra como “exagerados”. Además, indicaron que el profesional involucrado no habría presentado la factura correspondiente por los trabajos realizados.
En el entorno cercano al funcionario sostienen que Adorni “no tiene nada que no pueda justificar” y confían en que la presentación de su declaración jurada patrimonial, prevista para el 31 de mayo, permitirá esclarecer la situación.
El episodio se produce en un contexto en el que el oficialismo busca recuperar la iniciativa política tras semanas marcadas por cuestionamientos al patrimonio del jefe de Gabinete. En la Casa Rosada admiten que la difusión de este tipo de información afectó el control de la agenda pública, aunque mantienen la expectativa de revertir esa situación en el corto plazo.
En esa línea, la reciente reaparición de Adorni en conferencia de prensa —la primera en más de 40 días— y su informe de gestión en el Congreso fueron considerados por el Ejecutivo como un punto de inflexión. Sin embargo, la nueva declaración judicial vuelve a colocar el foco sobre la causa y podría prolongar la atención mediática en torno al caso.
Mientras tanto, en el oficialismo anticipan que analizarán posibles medidas para responder a los dichos del contratista, en paralelo a la evolución de la investigación judicial.
