Paro portuario frena exportaciones de granos: unos 140 barcos permanecen sin operar
Daniel Alvarez
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La medida de fuerza de prácticos, pilotos y baqueanos comenzó tras la publicación de un decreto que modifica el régimen vigente desde 1991. El Gobierno sostiene que busca reducir costos y fomentar la competencia, mientras el sector anticipó acciones judiciales.
Un conflicto entre el Gobierno nacional y los profesionales encargados del servicio de practicaje mantiene paralizada parte de la actividad portuaria del país y afecta las exportaciones de granos. Según se informó, alrededor de 140 buques permanecen sin operar debido a una medida de fuerza adoptada por prácticos, pilotos y baqueanos en rechazo a los cambios introducidos por el Decreto 690/2026.
La protesta comenzó luego de la publicación de la norma en el Boletín Oficial el pasado 31 de julio. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reemplaza el régimen que regulaba la actividad desde 1991 e incorpora modificaciones en el funcionamiento del servicio.
Entre los principales cambios, elimina los cupos para la inscripción de nuevos prácticos, habilita la contratación directa por parte de armadores y agencias marítimas, establece topes tarifarios mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y permite que determinados capitanes puedan navegar sin contratar un práctico, siempre que acrediten experiencia suficiente en la zona.
Los prácticos desempeñan un rol fundamental en la seguridad de la navegación, especialmente en ríos, canales y accesos portuarios complejos, ya que conocen las características específicas de cada vía navegable. Su tarea resulta clave para el tránsito de buques por el río Paraná y el Río de la Plata, por donde sale una parte importante de las exportaciones argentinas.
La medida de fuerza presenta una modalidad particular. Como los profesionales trabajan de manera independiente y no integran un gremio con capacidad de convocar un paro general, decidieron individualmente no aceptar nuevas asignaciones laborales. Sin embargo, continúan cumpliendo los servicios que ya habían sido programados antes del inicio del conflicto.
Desde el Gobierno defendieron la reforma al asegurar que apunta a reducir costos logísticos y promover una mayor competencia dentro de la actividad. En ese sentido, Sturzenegger sostuvo que la modificación elimina restricciones que limitaban el ingreso de nuevos prestadores y encarecían el servicio.
En contrapartida, las entidades que representan a prácticos, pilotos y baqueanos calificaron el decreto como inconstitucional y adelantaron que presentarán una Acción Declarativa de Certeza, un recurso de amparo y una denuncia penal, al considerar que las modificaciones podrían afectar la seguridad de la navegación y las condiciones de trabajo del sector.
Mientras tanto, la Prefectura Naval Argentina comenzó a notificar de manera individual a los profesionales para que retomen sus funciones, recordando que la Ley de Navegación 20.094 considera al practicaje un servicio público y contempla posibles sanciones administrativas y penales en caso de incumplimiento.
El impacto del conflicto se concentra principalmente en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, donde numerosos buques permanecen a la espera de poder operar. Según trascendió, la situación también afecta la logística de un buque considerado estratégico para el desarrollo de Vaca Muerta, aunque el transporte de petróleo y gas continúa funcionando con normalidad para garantizar el abastecimiento interno.
