La letrada Fabiana Salinas, que representa a la familia de Gemma Álvarez, exigió que se analicen y refuercen las herramientas judiciales destinadas a resguardar a mujeres que denuncian violencia de género. La víctima había radicado una denuncia contra su expareja apenas 24 horas antes del femicidio y había conseguido una orden de restricción perimetral, que finalmente no impidió el desenlace fatal.
Según remarcó la abogada, desde 2023 hasta hoy se contabilizaron 16 femicidios en territorio sanjuanino, una cifra que calificó de alarmante. Para Salinas, ese número refleja fallas concretas en el sistema de protección vigente, que debería garantizar la seguridad de las mujeres una vez formalizada una denuncia.
La querellante explicó que uno de los momentos más críticos para las víctimas es cuando el agresor toma conocimiento formal de la denuncia en su contra. Sostuvo que ese instante suele ser el de mayor riesgo, y que es justamente ahí donde el Estado debería intensificar los controles y el acompañamiento a las denunciantes.
Salinas afirmó que el reclamo por medidas más eficaces no proviene solo del ámbito judicial, sino de un pedido extendido en toda la sociedad, en particular entre las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. El caso de Gemma Álvarez reabrió el debate sobre la efectividad de las restricciones perimetrales y otras herramientas de prevención en la provincia.
