La presencia del buque en el puerto de Tierra del Fuego generó un fuerte debate político y social. Dirigentes provinciales y sindicatos consideran que esta situación es una afrenta a la legislación nacional.
La llamada ‘Ley Gaucho Rivero’ prohíbe el amarre de buques petroleros sin autorización argentina, pero la falta de controles generó críticas hacia el gobierno nacional por permitir este amarre.
Voceros locales responsabilizaron al gobierno central por su supuesta permisividad con los intereses británicos en la región, recordando viejos reclamos soberanos sobre las Islas Malvinas.
Ante esta situación, los gremios marítimos no descartan medidas de fuerza y los legisladores provinciales evalúan presentar pedidos de informes a la Cancillería.
