Redacción Cuyo Visión 
Los traductores públicos luchan contra la derogación del artículo 6 de la Ley 20.305, que exige traducciones certificadas en documentos de idiomas extranjeros ante organismos nacionales. El anteproyecto propuesto por el Ministerio de Desregulación de Sturzenegger aún no fue enviado al Congreso debido a la falta de consenso dentro del Gobierno.
Este esfuerzo se da en medio de controversias previas sobre desregulaciones en temas como la propiedad privada y el practicaje portuario, que causaron problemas políticos y económicos para el Gobierno.
El sector de traductores advierte que la eliminación de la obligación de traducciones certificadas puede generar errores, falsificaciones y fraudes documentales. La traductora Lorena Carassai impulsó una petición en Change.org que ya ha recogido miles de firmas.
Mientras tanto, el Gobierno enfrenta críticas internas por la forma en que se han manejado estos proyectos de desregulación, lo que ha llevado a una mayor cautela en la aprobación futura de iniciativas similares.
