Te mostramos brevemente como se encuentra la actualidad legal de la planta en el país y en San Juan
El cannabis en Argentina atraviesa en 2026 un escenario mixto: es legal para uso medicinal desde la Ley 27.350/2017 y su ampliación en 2020, con un sistema formal de acceso a través del REPROCANN, pero con fuertes tensiones en su implementación. En los últimos años, el Gobierno nacional modificó las condiciones del registro: primero endureció requisitos en 2024 y luego los flexibilizó en 2025 con una nueva resolución que redefinió categorías (autocultivadores, terceros y asociaciones), límites de plantas y exigencias de trazabilidad. A pesar de este marco, el sistema arrastra demoras estructurales: en 2024 hubo más de 96.000 solicitudes, con más de 70.000 pendientes, y hacia 2025 el atraso superaba las 80.000 personas, reflejando un cuello de botella crítico.
En la práctica, la aplicación de la ley sigue siendo conflictiva. Aunque el cannabis medicinal está permitido, la normativa penal continúa vigente para casos fuera de los límites autorizados. Esto genera situaciones contradictorias: dos de cada tres usuarios registrados reportaron intervenciones policiales, y la Justicia mantiene criterios estrictos. Un caso emblemático ocurrió en San Juan en marzo de 2026, cuando un hombre fue condenado por exceder la cantidad permitida, pese a alegar uso medicinal. El fallo dejó en claro que el REPROCANN no otorga inmunidad total, sino que exige un cumplimiento riguroso de los parámetros legales.
En cuanto a los datos del registro, existe una marcada falta de transparencia. No se publica el número total actualizado de pacientes habilitados, y las cifras disponibles son parciales. Se estima que a nivel nacional hubo más de 200.000 autorizaciones en años anteriores, pero con miles de personas aún en espera. En San Juan, el fenómeno también creció: entre 5.000 y 6.000 personas están inscriptas en el REPROCANN, con una gran proporción aún pendiente de aprobación. Este dato se vincula con una demanda real en aumento, ya que se calcula que unos 40.000 sanjuaninos consumen cannabis de forma habitual.
Desde el punto de vista económico, el desarrollo del cannabis medicinal en Argentina es todavía incipiente. La falta de reglas claras y los cambios normativos frenaron inversiones privadas y provocaron conflictos, como la demanda millonaria de una empresa extranjera contra el Estado sanjuanino. En este contexto, el protagonismo lo tiene el sector público: en San Juan, la empresa estatal CANME lidera la producción de aceite de CBD, amplió su distribución a 150 farmacias y lanzó productos más económicos. Además, impulsa la entrega gratuita en hospitales, posicionando a la provincia como un caso particular dentro del país.
En materia de salud pública, el acceso al cannabis depende de la prescripción médica y del registro oficial, pero enfrenta limitaciones. Hay pocos პროდუქტos aprobados, escasa capacitación médica y demoras en la provisión. Al mismo tiempo, el Estado refuerza controles de calidad: la ANMAT prohibió productos no autorizados para evitar riesgos sanitarios. Esta combinación genera un sistema desigual, donde muchos pacientes recurren al mercado informal ante la dificultad de acceder por vías legales, lo que evidencia una brecha entre la normativa y la realidad.
En el plano social, el consumo de cannabis es amplio y creciente: el 21% de los argentinos lo probó alguna vez y más del 10% lo consumió en el último año, especialmente jóvenes. En San Juan, esta tendencia se replica, con mayor visibilidad de organizaciones y debates públicos. Sin embargo, persisten tensiones culturales y legales. A corto plazo, se espera una mejora en la agilización del REPROCANN y mayor acceso a productos, especialmente en provincias como San Juan, pero sin cambios en la penalización del uso recreativo. Así, el país avanza hacia una mayor aceptación del cannabis medicinal, aunque con un sistema aún fragmentado, burocrático y en construcción.
