El Gobierno nacional dio este jueves un nuevo paso en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) con la apertura de las ofertas económicas para la transferencia del 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado nacional.
La propuesta más alta fue presentada por el consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações, Transclor S.A. y PHX, que ofreció US$340,2 millones.
El otro grupo que llegó a la instancia final, Roggio ROAS S.A.U., integrado por Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre, presentó una oferta de US$285 millones.
La apertura se realizó a las 10 a través de la plataforma CONTRAT.AR, en el marco de la segunda etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504/2-0003-LPU26.
Qué se vende y cómo continúa el proceso
El procedimiento contempla la transferencia a un operador estratégico de la totalidad de las acciones de AySA pertenecientes al Estado, que representan el 90% del capital social de la compañía.
La privatización se instrumenta en el marco de la Ley Bases y de la normativa que habilitó el proceso de transformación de la empresa. La Resolución 1722/2026 había establecido que los dos consorcios que superaran la evaluación técnica pasarían a la apertura de las ofertas económicas.
Con las propuestas ya abiertas, la oferta de Rowing quedó por encima de la presentada por Roggio. La instancia administrativa deberá determinar ahora la continuidad del proceso y la eventual adjudicación al operador seleccionado.
El esquema definido por el Gobierno prevé además que otro 39% de las acciones estatales pueda colocarse posteriormente mediante una oferta pública, mientras que el 10% restante corresponde al Programa de Propiedad Participada de los trabajadores.
Quiénes integran el consorcio que hizo la oferta más alta
El grupo que presentó los US$340,2 millones está encabezado por Rowing S.A. y cuenta con la participación de Arcos Saneamento e Participações, vinculada al grupo brasileño Equipav; Transclor, perteneciente al empresario Mauricio Filiberti; y PHX Aqua AR BV, sociedad constituida en Países Bajos.
La presencia de Transclor es uno de los aspectos que podría ser observado durante la etapa posterior del proceso, debido a que la empresa actualmente mantiene vínculos comerciales con AySA como proveedora de productos químicos utilizados en el tratamiento del agua.
Del otro lado, el Grupo Roggio llega con experiencia en la prestación de servicios de agua y saneamiento a través de Aguas Cordobesas, además de su participación histórica en obras de infraestructura y servicios urbanos.
Más de US$2.000 millones de inversión
El valor de la oferta económica es solo una parte de la operación. El futuro operador deberá cumplir con un programa de inversiones superior a US$2.000 millones entre 2027 y 2031, destinado a ampliar y mejorar las redes de agua potable y cloacas.
El contrato de concesión tendrá una duración inicial de 30 años, con posibilidad de una extensión de hasta otros 10 años.
El esquema establece metas de cobertura que deberán alcanzarse durante el período de concesión, con el objetivo de ampliar el acceso a los servicios en el área atendida por AySA.
La empresa presta actualmente servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, con una población alcanzada de alrededor de 14 millones de personas.
La privatización y el impacto sobre las tarifas
El proceso de venta de AySA se desarrolla en paralelo con una revisión del régimen tarifario de la compañía.
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó para el 26 de octubre una audiencia pública para analizar una propuesta de modificación de los coeficientes zonales utilizados para determinar las tarifas de los usuarios sin medidor.
La discusión tarifaria será uno de los aspectos relevantes de la transición hacia el nuevo esquema de gestión, junto con el cumplimiento de las inversiones y las metas de expansión del servicio.
Con la apertura de las ofertas económicas, Rowing quedó en la primera posición con una propuesta de US$340,2 millones, aunque el proceso de privatización todavía debe completar las instancias administrativas correspondientes antes de que el traspaso quede formalizado.
