¿Qué pasa si se sostiene el paro de colectivos en San Juan? Multas diarias y posible pase al fuero penal
Daniel Alvarez
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La resolución del juez Héctor Rollán ordenó levantar las medidas de fuerza y garantizar el servicio. El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, explicó las consecuencias que podrían afrontar quienes no acaten la medida judicial.
La continuidad del paro de colectivos en San Juan podría derivar en sanciones económicas y actuaciones en la Justicia penal, luego de que el juez Héctor Rollán, a cargo del Primer Juzgado Civil, ordenara el cese de las medidas de fuerza y la restitución del servicio de transporte público.
La resolución judicial ya fue notificada a las partes involucradas. Según explicó el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, desde ese momento tanto las empresas como los trabajadores deben cumplir con lo dispuesto y garantizar la prestación del servicio.
“Se ha dictado una medida cautelar por la cual deben cesar todas las medidas de fuerza y retención de servicio desde que sean notificados, y ya se los ha notificado”, señaló Dávila.
Consultado sobre qué ocurriría si la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decide mantener el paro pese a la orden judicial, el fiscal de Estado indicó que quienes incumplan la resolución podrían afrontar una multa diaria de $1 millón y que las actuaciones sean remitidas al ámbito penal por una eventual desobediencia de una orden judicial.
De esta manera, la medida cautelar alcanza a las partes involucradas en el conflicto, por lo que tanto las empresas de transporte como los trabajadores deben acatar la disposición de la Justicia.
La resolución se conoció este jueves, mientras continúa la audiencia convocada por la Subsecretaría de Trabajo para intentar destrabar el conflicto que mantiene paralizado el transporte público de pasajeros en la provincia.
El paro fue iniciado por trabajadores nucleados en la UTA en reclamo por el cumplimiento del acuerdo salarial vigente y ante una deuda que, según sostiene el gremio, mantienen las empresas de transporte.
La medida de fuerza dejó a los usuarios sin servicio y llevó al Gobierno provincial a presentar una medida cautelar ante la Justicia con el objetivo de restablecer la prestación del transporte público.
