Con 40 votos afirmativos, el oficialismo logró la media sanción de la reforma que redefine áreas protegidas y habilita actividades mineras en zonas actualmente alcanzadas por la normativa vigente.
El Senado de la Nación aprobó este jueves, con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, las modificaciones a la Ley de Glaciares impulsadas por el Gobierno nacional. La iniciativa obtuvo media sanción y será girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
El proyecto propone reducir el alcance de las zonas protegidas y habilitar inversiones mineras —principalmente de cobre y litio— en áreas que hoy se encuentran bajo protección. La reforma redefine el concepto de ambiente periglaciar y limita la protección a aquellas geoformas que cumplan una función hídrica relevante comprobable.
Entre los votos favorables se contaron legisladores del oficialismo, sectores del PRO, la UCR, bloques provinciales y parte del bloque Justicialista, incluidos Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan). La neuquina Julieta Corroza se abstuvo.
Durante el debate, el oficialismo defendió la reforma al sostener que la ley vigente “proteger ha sido paralizar” y que los cambios permitirán avanzar en inversiones vinculadas a la transición energética. También se remarcó el rol de las provincias en la actualización del inventario de glaciares, que quedaría a cargo de las autoridades jurisdiccionales con base en estudios técnicos-científicos.
Actualmente, el inventario es elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), con sede en Mendoza. La propuesta mantiene su titularidad científica, pero otorga a las provincias mayor intervención para incorporar o retirar cuerpos de hielo según criterios técnicos.
El debate evidenció posiciones contrapuestas. Sectores que respaldan la reforma sostienen que se trata de una norma más precisa y federal que protege las reservas hídricas estratégicas sin frenar el desarrollo productivo. En cambio, legisladores opositores y organizaciones ambientalistas advirtieron sobre posibles impactos en las cuencas hídricas y cuestionaron la ambigüedad de algunos conceptos técnicos.
En las inmediaciones del Congreso se registraron protestas de sectores ambientalistas que rechazan la iniciativa. La discusión atraviesa partidos políticos y regiones: mientras representantes de provincias cordilleranas respaldaron mayoritariamente la reforma, otros bloques manifestaron reparos o rechazo.
El futuro de la norma dependerá ahora del tratamiento en la Cámara de Diputados, donde se anticipa un nuevo debate sobre el equilibrio entre protección ambiental, desarrollo productivo y federalismo en la gestión de los recursos naturales.
