El Ministerio de Educación de San Juan llevó tranquilidad a las familias al confirmar que no existen riesgos reales y garantizó el normal dictado de clases. Además, advirtieron que la difusión de estas falsas alarmas constituye un delito penado por la ley.
Frente a la reciente viralización de mensajes anónimos y retos en redes sociales que advertían sobre supuestos tiroteos en establecimientos educativos de la provincia, el Ministerio de Educación de San Juan emitió un contundente comunicado oficial. La cartera rechazó categóricamente cualquier incitación a la violencia y detalló las medidas adoptadas para contener la situación.
Desde el Ministerio confirmaron que, en coordinación con la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, se activaron los protocolos de intervención correspondientes para investigar el origen de los mensajes. Sin embargo, llevaron una cuota de alivio a la comunidad: “Al momento, no se registran hechos concretos que impliquen riesgo real (…) Por lo tanto, no hay ningún motivo que impida el dictado normal de clases”, aclararon.
A nivel institucional, los equipos directivos y supervisores ya fueron instruidos para implementar los protocolos de rigor, lo que incluye radicar las denuncias policiales pertinentes y priorizar la contención de los alumnos. Para ello, los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios se encuentran a disposición de las escuelas que requieran abordaje socioemocional.
Recomendaciones y advertencia legal
Ante la rápida propagación del miedo a través de WhatsApp y redes sociales, el Gobierno emitió una serie de recomendaciones directas para las familias y los medios de comunicación:
- No compartir ni viralizar: Solicitaron no difundir capturas de las amenazas, ya que esto amplifica el pánico y entorpece las investigaciones policiales.
- Diálogo en casa: Instaron a los padres a conversar con los menores sobre el uso responsable de las redes y las graves consecuencias de realizar este tipo de “bromas”.
- Canales oficiales: Recomendaron informarse únicamente a través de comunicados emitidos por el Ministerio o las propias instituciones educativas.
Finalmente, las autoridades lanzaron una dura advertencia legal: realizar o reproducir amenazas de tiroteo constituye un delito estipulado en el Código Penal Argentino. “Los autores, y en caso de ser menores, sus adultos responsables, deberán responder ante la Justicia. La edad no exime de responsabilidad”, concluyó el documento oficial.
