El dirigente de Evolución Liberal compareció ante la Justicia tras una denuncia presentada por su expareja. La Fiscalía pidió seis meses de investigación y medidas de protección para la denunciante.
El dirigente de Evolución Liberal y excandidato a gobernador de San Juan, Sergio Vallejos, fue imputado este martes en el marco de una audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria, tras una denuncia presentada por su expareja. La causa lo vincula a los presuntos delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y portación ilegítima de arma de fuego.
La investigación está a cargo del fiscal Mario Panetta, mientras que la defensa del dirigente es representada por el abogado José Becerra. La audiencia fue encabezada por el juez Mariano Carrera, quien deberá resolver los planteos de ambas partes y definir las medidas cautelares que regirán durante el proceso.
La denuncia fue radicada el pasado 16 de mayo y derivó en un allanamiento realizado al día siguiente en la vivienda de Vallejos. Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron cinco armas de fuego.
Según expuso el Ministerio Público Fiscal, una pistola calibre 22 marca Bersa no contaría con la documentación correspondiente, situación que motivó la imputación por presunta portación ilegítima de arma de fuego. Las demás armas halladas sí tendrían la registración exigida por la normativa vigente.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el hecho denunciado ocurrió durante la madrugada, cuando la mujer regresó al domicilio y se habría producido una discusión. La acusación sostiene que existieron agresiones verbales y que posteriormente la denunciante solicitó ayuda a una amiga y se comunicó con el servicio de emergencias 911.
La Fiscalía también indicó que la amiga que acudió al lugar habría sido víctima de agresiones verbales antes de la llegada de efectivos policiales. A partir de esa intervención se inició el procedimiento que derivó en la apertura de la causa penal.
Por su parte, la defensa rechazó los cargos atribuidos a Vallejos. El abogado José Becerra sostuvo que el dirigente no fue responsable de las lesiones constatadas y planteó que estas podrían haber sido consecuencia de una caída accidental. Además, afirmó que la denunciante se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del episodio y solicitó la restitución del arma secuestrada.
Durante la audiencia, la Fiscalía requirió un plazo de seis meses para continuar con la investigación y avanzar en la producción de pruebas. También pidió medidas cautelares destinadas a proteger a la denunciante, entre ellas una prohibición de acercamiento.
Ahora será el juez Mariano Carrera quien deberá analizar los argumentos presentados por las partes y determinar cómo continuará la causa durante los próximos meses.
