La Cámara Nacional en lo Civil resolvió este jueves avalar el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires y anuló las resoluciones mediante las cuales el Gobierno nacional había dispuesto la designación de veedores para supervisar el funcionamiento de la entidad presidida por Claudio Tapia.
La decisión judicial ratifica la validez de la mudanza institucional aprobada por la AFA en 2024, cuando la entidad resolvió trasladar su sede social a Pilar y registrarla bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
Los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset concluyeron que, una vez autorizada la inscripción por parte de la provincia de Buenos Aires, el control de legalidad y la fiscalización de la asociación quedaron exclusivamente bajo jurisdicción bonaerense.
En ese marco, el tribunal declaró la nulidad de la resolución emitida por la Inspección General de Justicia (IGJ), que había cuestionado el cambio de domicilio, y también dejó sin efecto la resolución firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que establecía una intervención en grado de veeduría por 180 días.
Los argumentos del fallo
Los magistrados señalaron que la IGJ carecía de competencia para revisar o fiscalizar una decisión ya aprobada por la autoridad provincial correspondiente.
Según sostuvieron, admitir la postura del organismo nacional implicaría someter a una misma entidad al control simultáneo de dos organismos estatales distintos, algo que consideraron incompatible con el sistema jurídico vigente.
“La IGJ se erigió por encima de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas”, señalaron los camaristas en la resolución, al cuestionar las facultades que pretendía ejercer el organismo nacional sobre una entidad ya radicada en otra jurisdicción.
La intervención que quedó sin efecto
En marzo de este año, el Ministerio de Justicia había dispuesto una intervención informativa en la AFA mediante la designación de dos veedores por un plazo de 180 días hábiles.
La medida había sido impulsada tras un informe de la IGJ que advertía presuntas irregularidades institucionales, administrativas y registrales dentro de la entidad deportiva.
Los veedores designados eran el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortíz de Marco, quienes debían analizar aspectos vinculados al funcionamiento interno de la AFA, sus movimientos financieros y otros proyectos institucionales.
Sin embargo, la Cámara concluyó que dicha intervención resultaba inválida porque se sustentaba en una resolución de la IGJ que ahora fue declarada nula.
De esta manera, la Justicia ratificó la validez del traslado de la sede social de la AFA a la provincia de Buenos Aires y dejó sin efecto las medidas de control impulsadas por el Gobierno nacional.
