El EPRE elevó un reclamo formal ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Gas para que se deje constancia de quiénes financiaron la red de transporte eléctrico de 500kv que servirá de plataforma para el desarrollo del Distrito Vicuña, uno de los proyectos cupríferos más relevantes del país. Según explicó el vicepresidente del organismo, Roberto Ferrero, la infraestructura no surgió de la nada: fue resultado de una combinación de aportes públicos, privados y de los propios usuarios del servicio eléctrico a lo largo de varios años.
El esquema de financiamiento incluyó la construcción de la línea Mendoza-San Juan, la Estación Transformadora Nueva San Juan y el tramo Nueva San Juan-Rodeo, obras que en conjunto demandaron una inversión cercana a los 343 millones de dólares. Actualmente se ejecuta además un segundo transformador en la Estación Nueva San Juan, con una inversión de 43 millones de dólares a cargo exclusivo de la provincia, que se prevé esté terminado a mediados del año próximo.
Ferrero detalló que buena parte del financiamiento provino del Fondo PIEDE, que reunió cerca de 134 millones de dólares aportados por mineras como Barrick, Gualcamayo y Casposo. A ese dinero se sumaron los recursos que, durante años, pagaron miles de usuarios residenciales e industriales a través de un cargo específico incluido en las facturas de luz. El funcionario remarcó que tanto esos usuarios como las empresas que contribuyeron tienen derechos que deben respetarse frente al nuevo desarrollo minero, ya que las obras que se vienen dependen directamente de esa infraestructura previa.
El proyecto Vicuña no partirá de cero: aprovechará gran parte de la red existente y sumará nuevas obras, como la energización en 500kV del tramo San Juan-Rodeo, la Estación Transformadora Rodeo y la Estación Chaparro, además de la línea que unirá Rodeo con Chaparro. Recién a partir de ese punto, hacia el proyecto Josemaría, la infraestructura pasará a ser totalmente privada. Para Ferrero, reconocer el rol de San Juan como impulsor original del sistema es clave para evitar futuros conflictos legales o regulatorios en torno a estas inversiones históricas.
