El acuerdo original había sido diseñado bajo un régimen arancelario que cambió después de que la justicia estadounidense cuestionara la utilización de la ley de poderes económicos de emergencia (IEEPA) para imponer esos gravámenes. Washington debió recurrir a otras herramientas legales, lo que alteró completamente el escenario sobre el cual se había negociado el beneficio para las exportaciones argentinas.
El nuevo protocolo permite ahora remitir el acuerdo al Congreso Nacional para su aprobación. El cambio principal está en el capítulo arancelario: Estados Unidos se compromete a otorgar a los productos argentinos el tratamiento de Nación Más Favorecida, pero aclarando que esto debe ser consistente con otras leyes comerciales estadounidenses, como las Secciones 232, 201 y 301.
Este punto es fundamental porque el acuerdo busca dar previsibilidad al trato arancelario, pero no implica que Washington renuncie a aplicar futuras medidas comerciales bajo otras regulaciones. El tratado mantiene abierta la posibilidad de adoptar medidas adicionales frente a prácticas comerciales desleales, aumentos de importaciones o cuestiones de seguridad económica y nacional.
El protocolo tampoco significa que el acuerdo entre en vigor de inmediato. Según lo establecido, el tratado comenzará a regir 60 días después de que ambos países intercambien notificaciones certificando que completaron sus procedimientos legales internos. El próximo paso para Argentina será enviar el documento al Congreso para su ratificación.
