16 de agosto de 2026
EEUU busca una nueva alianza militar con América Latina contra el narcotráfico
Dos cumbres recientes, en Miami y Panamá, dejaron en claro que la administración Trump quiere sumar a gobiernos latinoamericanos afines a una estrategia conjunta contra los carteles y la migración irregular, aunque persisten dudas sobre su viabilidad real.

En marzo, en el complejo Doral de Donald Trump, se realizó la cumbre bautizada ‘Escudo de las Américas’, que reunió a una docena de mandatarios de la región con el objetivo declarado de coordinar acciones contra el narcotráfico, frenar la migración irregular y compartir inteligencia. Meses después, en agosto, el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth encabezó un encuentro en Panamá con representantes de 19 países, en paralelo a los ejercicios militares PANAMAX 2026 orientados a la protección del Canal.

Ambas citas compartieron un fuerte tinte geopolítico: Washington busca contrarrestar la influencia de potencias como China en la región y consolidar un bloque de gobiernos ideológicamente cercanos. Llamó la atención la ausencia de México y Brasil, dos de los países más grandes de Latinoamérica, que quedaron afuera tanto por decisión propia como por señales de que no eran bienvenidos debido a sus gobiernos de corte progresista.

El tono de los comunicados oficiales fue optimista, casi de refundación de vínculos, en momentos en que la derecha regional acumula triunfos electorales tras años de gestiones de izquierda cuestionadas por sus resultados. En su intervención, Hegseth fue categórico: pidió a los países presentes sumarse a operativos conjuntos contra los carteles, aumentar sus presupuestos de Defensa y dejar de lado a la Corte Penal Internacional. También se habló de posibles operaciones terrestres con una lógica similar a la usada contra grupos como ISIS o Al Qaeda, lo que abre la puerta, según analistas, a una eventual presencia de tropas estadounidenses en territorio mexicano, incluso sin el aval de ese gobierno.

Pese al clima de entusiasmo en las declaraciones conjuntas, persisten interrogantes sobre cuánto están dispuestos a ceder los gobiernos latinoamericanos, incluso aquellos alineados ideológicamente con Washington. Las trabas no solo vienen de sectores críticos de Estados Unidos dentro de la región, sino también de límites presupuestarios y legales que suelen frenar este tipo de acuerdos una vez que hay que traducir las promesas en recursos concretos.

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