El Gobierno nacional reactivó la discusión interna sobre la reforma del Código Penal luego del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. Desde la Casa Rosada aseguran que buscan avanzar con el proyecto “cuanto antes” y que la iniciativa incluirá un endurecimiento de las penas para violadores, modificaciones en delitos sexuales y una ampliación de los casos que podrían contemplar prisión perpetua.
Fuentes oficiales señalaron que la conmoción generada por el caso aceleró conversaciones que ya estaban en marcha dentro del Ejecutivo. “Necesitamos tomar medidas y movernos rápido”, expresaron desde el oficialismo, que pretende presentar la reforma como parte de una agenda penal que se encontraba en elaboración desde hace varios meses.
Mientras tanto, continúan las diferencias internas respecto del alcance que tendrá el proyecto. Desde sectores cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo sostienen que la iniciativa permanece demorada en el Ministerio de Justicia, mientras que colaboradores del ministro Juan Bautista Mahiques aseguran que se encuentran definiendo la versión final que será enviada al Congreso.
Según trascendió, el borrador fue revisado en varias oportunidades por la Secretaría Legal y Técnica debido a diferencias sobre su redacción y alcance. No obstante, desde el Ejecutivo insisten en que la reforma será presentada en el corto plazo.
Reforma gradual y foco en delitos violentos
La Casa Rosada evaluó durante meses dos alternativas: impulsar un nuevo Código Penal integral o avanzar con modificaciones sobre la normativa vigente, que rige desde 1921.
La opción que reúne mayor consenso actualmente es una reforma gradual, centrada en los capítulos que generan más acuerdo dentro del oficialismo. Entre ellos figuran los delitos sexuales, el abuso infantil, el grooming, las estafas piramidales, las entraderas, las salideras bancarias, los robos cometidos por motochorros, las denominadas “viudas negras”, la tenencia de armas en cárceles y distintas modalidades de criminalidad organizada y delitos tecnológicos.
Uno de los puntos centrales será el agravamiento de las penas para abusadores y violadores. Además, se analiza incorporar la imprescriptibilidad para determinados delitos sexuales graves y ampliar los supuestos de prisión perpetua.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es “poner a las víctimas en el centro” y reforzar las herramientas penales frente a delitos considerados de alta gravedad.
Las diferencias dentro del oficialismo
El exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona había impulsado una propuesta mucho más amplia, que contemplaba más de 900 artículos y unificaba el Código Penal con distintas leyes penales especiales.
Ese proyecto incluía aumentos generales de penas, nuevos delitos informáticos, cambios en narcotráfico, corrupción, delitos ambientales, propiedad intelectual, responsabilidad penal empresaria y conductas vinculadas al uso de inteligencia artificial.
Sin embargo, la actual conducción del área de Justicia busca una iniciativa más acotada. El argumento es que una reforma integral podría quedar empantanada en el Congreso al abrir simultáneamente debates sensibles sobre corrupción, género, política criminal y seguridad.
Por ese motivo, el Ejecutivo se inclina por una versión más reducida y con mayores posibilidades de obtener respaldo legislativo.
Femicidio y aborto, fuera del debate
Entre los temas que finalmente quedarían excluidos del proyecto aparece la figura del femicidio, cuya eliminación había sido planteada en distintos momentos por el presidente Javier Milei bajo el argumento de garantizar la igualdad ante la ley.
No obstante, en la Casa Rosada consideran que abrir esa discusión en el actual contexto político y social podría complicar el tratamiento de la reforma.
También quedará fuera del debate la legislación sobre aborto, otro de los temas que el Gobierno había mencionado en distintas oportunidades pero que no integra la agenda legislativa inmediata.
Mientras continúan las negociaciones internas, desde distintos sectores del oficialismo reclaman acelerar la presentación del proyecto. “No se están impulsando medidas por cuestiones personales. Hay que avanzar”, señalaron fuentes gubernamentales.
El vocero presidencial Manuel Adorni ya había anticipado en marzo que el Ejecutivo preparaba un paquete de iniciativas para remitir al Congreso, entre ellas la reforma del Código Penal, con especial énfasis en el endurecimiento de las penas para delitos graves.
