El Gobierno nacional estudia incorporar modificaciones a las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario dentro del Presupuesto 2027. La iniciativa busca aliviar el costo fiscal de dos normas que el oficialismo ya había intentado reformar en diciembre pasado, sin éxito en el tratamiento particular del Presupuesto 2026.
En el Ejecutivo reconocen que la definición no está tomada y que todo dependerá de lograr antes acuerdos políticos sólidos con gobernadores y bloques aliados. Fuentes oficiales admiten que el año pasado el intento fracasó por falta de trabajo previo con los mandatarios provinciales y por un exceso de confianza tras el resultado electoral.
El frente universitario es el más complicado, ya que la Corte Suprema mantuvo firme una medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con la actualización salarial docente y no docente y la recomposición de becas estudiantiles previstas en la ley vigente. En Nación aclaran que ese fallo no representa el costo total de la norma, sino una parte, aunque el expediente judicial sigue abierto y puede condicionar la estrategia del próximo presupuesto.
El oficialismo ya había ofrecido un acuerdo parcial a las universidades, con aumento salarial, refuerzo para hospitales universitarios y mejoras en becas, pero los rectores no bajaron el reclamo judicial. En paralelo, el Gobierno también apunta a modificar la ley de discapacidad con más auditorías, reempadronamiento y controles sobre pensiones no contributivas, dentro de una negociación más amplia que incluye reforma electoral y respaldo de gobernadores hasta marzo.

