Busca que el máximo tribunal intervenga de forma directa y rápida tras el fallo que frenó artículos clave de la ley a pedido de la CGT.
El Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que se levante la suspensión de artículos centrales de la reforma laboral, que había sido dispuesta por un fallo judicial tras un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT).
La presentación apunta a que el máximo tribunal intervenga de manera directa, sin pasar por instancias intermedias, y resuelva con rapidez la situación. Según el planteo oficial, el recurso debería tener efecto suspensivo sobre la medida cautelar dictada por el juez laboral Raúl Horacio Ojeda, que dejó sin vigencia 82 artículos de la ley.
El escrito fue impulsado por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro. Allí se sostiene que el fallo judicial “compromete instituciones básicas del sistema republicano” al suspender una norma sancionada por el Congreso.
En esa línea, el Gobierno argumenta que la decisión judicial implica un avance del Poder Judicial sobre el Legislativo y solicita una “resolución pronta” para restablecer la vigencia de la Ley 27.802. Además, advierte que la continuidad de la cautelar genera un “daño irreparable” a nivel nacional.
El recurso de per saltum es una vía excepcional que permite acudir directamente a la Corte Suprema en casos de gravedad institucional. En este caso, el Ejecutivo busca evitar demoras judiciales y acelerar una definición sobre la reforma.
La medida cautelar había sido dictada en el marco de una presentación de la CGT, que cuestionó la constitucionalidad de distintos puntos de la norma por considerar que afectan derechos laborales. Entre los artículos suspendidos se encuentran cambios en indemnizaciones, convenios colectivos, derecho a huelga y condiciones laborales, entre otros.
El caso se encuentra en medio de una disputa de competencia judicial, luego de que una jueza federal determinara que debía intervenir el fuero contencioso administrativo. No obstante, el Gobierno avanzó con este recurso para que sea la Corte Suprema quien defina el futuro de la reforma.
