La aprobación de Inocencia Fiscal II en la Cámara de Diputados genera controversia debido a su impacto en la fiscalización de grandes fortunas. La iniciativa extiende los beneficios tributarios a personas con mayores ingresos y patrimonios, reduciendo la efectividad de la recaudación.
El proyecto desactiva límites normativos previos que limitaban la fiscalización a ingresos de hasta 1.000 millones de pesos y patrimonios de hasta 10.000 millones. Esto simplifica la evasión para los contribuyentes más acaudalados y dificulta la labor del organismo recaudador.
Economistas como Verónica Grondona y Magdalena Rua advierten sobre el impacto de la evasión y elusión en las finanzas locales. Estiman que la dinámica de abuso fiscal corporativo y activos no declarados en el exterior resta al Estado argentino cerca de 1.095 millones de dólares anuales.
A nivel global, la trayectoria de Argentina en materia tributaria muestra un distanciamiento de los consensos internacionales. La decisión de desvincularse de la Convención de las Naciones Unidas sobre tributación internacional contrasta con su rol como importador neto de servicios digitales.
