Desde el 5 de septiembre entra en vigencia la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 14 años. Esto podría implicar que delitos cometidos en establecimientos educativos sean investigados como delitos penales.
Casos de abuso sexual en escuelas, donde los denunciantes tenían 14 años, eran desestimados. Con la nueva ley, estos hechos podrían pasar a ser de competencia judicial, implicando la intervención de fiscales y jueces.
Juzgados especializados en menores y el Código Procesal de San Juan imponen a los docentes la obligación de denunciar delitos de acción pública, lo que podría cambiar el modo en que las instituciones manejan incidentes internos.
La implementación de esta ley pone a las escuelas en una nueva luz, convirtiéndolas en posibles escenarios de investigaciones penales y exigiendo la adaptación de protocolos y prácticas escolares.
