17 de julio de 2026
Quedó armada la Sala que revisará la condena por las expropiaciones truchas
La Corte de Justicia de San Juan confirmó a los camaristas Renato Roca, Enrique De la Torre y Ernesto Escobar como encargados de resolver las apelaciones en la megacausa de las expropiaciones.

Con el regreso pleno de la actividad judicial tras la feria, se terminó de definir el tribunal que tendrá en sus manos el futuro de la megacausa por las expropiaciones truchas en San Juan. El camarista civil Ernesto Escobar confirmó que va a intervenir y se sumará a Enrique De la Torre y al camarista penal Renato Roca para formar la Sala que deberá tratar el expediente.

El primer paso de estos tres jueces será resolver si corresponden o no las inhibiciones planteadas por Víctor Muñoz Carpino y Mariano Ibáñez, quienes también habían sido convocados para el caso pero se excusaron. De esa definición depende cómo sigue el proceso: si las inhibiciones se rechazan, Muñoz Carpino e Ibáñez vuelven a la Sala y solo restará sumar un miembro más; si se aceptan, serán los nuevos jueces quienes analicen los recursos de casación de las defensas.

La megacausa terminó con la condena de nueve personas por integrar una asociación ilícita que, según la sentencia, infló el valor de terrenos expropiados por el Estado para desviar millones de pesos de fondos públicos. El fallo, dictado el 4 de julio de 2025 por la jueza Silvina Rosso de Balanza junto a Matías Parrón y Martín Heredia, señaló al abogado Santiago Graffigna como el organizador de la maniobra y también condenó a Horacio Alday, Carlos Macchi, Mario Díaz, Néstor Ruiz, Ana María Melvin, Juan Pablo Quiroga, Víctor Bustos y José Moreno, con penas de entre 3 y 7 años y 8 meses de prisión.

Las defensas de los condenados apelaron mediante recursos de casación que debe resolver la Corte, pero los cinco ministros del máximo tribunal se apartaron del caso por distintos motivos, entre ellos vínculos de amistad con algunos imputados. Eso obligó a recurrir a jueces subrogantes, un mecanismo que ya se había usado varias veces desde que la causa arrancó en 2010, tras una denuncia del entonces secretario General de la Gobernación, Walter Lima, durante la gestión de José Luis Gioja.

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