La provincia cuenta con un nuevo marco regulatorio (Ley N.º 2799-A) que establece un registro obligatorio, exige licitaciones públicas para colectivos y endurece las sanciones por incumplimientos. El foco está puesto en la seguridad y la accesibilidad.
La provincia de San Juan ya cuenta con una nueva Ley de Transporte de Personas y Cargas. La normativa, sancionada por la Cámara de Diputados y publicada en el Boletín Oficial, establece un marco regulatorio integral para todos los servicios que operan dentro del territorio provincial, con el objetivo de modernizar el sistema y fortalecer los controles sobre prestadores y concesionarios.
A través de la Ley N.º 2799-A, se regula de manera unificada el transporte público de pasajeros, taxis, remises, transporte escolar, servicios contratados, transporte para personas con discapacidad y de cargas. Para ello, se crea además el Registro Provincial de Transporte, que será de inscripción obligatoria para todos los operadores.
Los puntos claves de la nueva normativa
- Concesiones y licitaciones: El servicio regular de pasajeros deberá otorgarse mediante licitación pública, con concesiones que podrán extenderse por períodos de hasta 20 años.
- Exigencias a las empresas: Se fijan obligaciones específicas en materia de frecuencias, recorridos, mantenimiento de unidades y calidad del servicio.
- Accesibilidad: Es uno de los ejes centrales. Se incorpora como principio obligatorio la adaptación progresiva del sistema para garantizar el acceso de personas con discapacidad y movilidad reducida.
- Taxis, remises y transporte escolar: Se establecen estrictos requisitos de habilitación para vehículos y conductores, sumado a controles técnicos y administrativos ineludibles para operar legalmente.
- Transporte de cargas: Se implementan nuevas obligaciones de registración, documentación y seguros, tanto para cargas generales como peligrosas, apuntando a mejorar la seguridad vial.
Endurecimiento de sanciones
Para garantizar el cumplimiento de la ley, la normativa contempla un régimen sancionatorio más severo. Quienes infrinjan las obligaciones establecidas podrán enfrentar multas económicas, la suspensión de sus habilitaciones, la paralización de las unidades y hasta la caducidad de las concesiones.
Desde el Gobierno provincial señalaron que esta legislación busca brindar las herramientas necesarias para adaptar el sistema a las demandas actuales de los usuarios, mejorando la seguridad, la eficiencia y la calidad de los servicios en toda la provincia.
