La medida fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a beneficiarios de distintos barrios que incumplieron con la normativa vigente. Tras esta decisión, el Estado provincial queda habilitado para recuperar los inmuebles y reasignarlos.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) implementó nuevas medidas administrativas sobre unidades habitacionales ubicadas en distintos puntos de San Juan. A través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del 1 de junio de 2026, el organismo resolvió dejar sin efecto adjudicaciones, ayudas económicas, permisos de habitabilidad y tenencias precarias tras detectar irregularidades por parte de los beneficiarios.
Según detalló la repartición, las medidas alcanzan a numerosos expedientes vinculados a programas habitacionales y contemplan la revocación de adjudicaciones en venta, la suspensión de asistencia financiera, la anulación de autorizaciones para habitar inmuebles, la cancelación de comodatos y la baja de actas de tenencia precaria.
Entre los complejos habitacionales afectados por estas disposiciones se encuentran: Conjunto 5 Quina, UDA II, Surivilo, Villa El Parque, Las Pampas, Hualilán-Conjunto 13, Municipal del Sur-Sector II, Santa Lucía Conjunto 6 y Pampa de Chacras, entre otros.
Desde el IPV explicaron que las decisiones se fundamentan en actuaciones administrativas y controles en el territorio, donde se verificaron situaciones que encuadran dentro de las causales previstas por la Ley Provincial N.º 196-A. Los principales motivos radican en incumplimientos de las condiciones de adjudicación e irregularidades en la ocupación de los inmuebles.
A partir de esta medida, los beneficiarios involucrados pierden los derechos administrativos sobre las viviendas. Esto le permite al Estado provincial iniciar los procesos correspondientes para recuperar los inmuebles y, eventualmente, reasignarlos a otras familias inscriptas que cumplan con los requisitos exigidos para acceder a una solución habitacional.
Esta publicación forma parte de un proceso de auditoría y control integral que el IPV viene desarrollando en los últimos meses, mediante el cual se busca garantizar que las viviendas sociales financiadas por el Estado sean utilizadas estrictamente por sus beneficiarios originales y bajo las condiciones legales establecidas.
