El Ejecutivo nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional firmaron un acuerdo que contempla aumentos salariales, refuerzos para becas y fondos para hospitales universitarios. Sin embargo, las universidades mantendrán la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario con el objetivo de aliviar el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
La propuesta contempla una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario, distribuida en dos etapas: un incremento del 21,33% en julio y otro del 3% en octubre. Según lo informado, la actualización busca compensar parte de la pérdida salarial acumulada durante los últimos años e incluye el compromiso de evitar que los haberes vuelvan a quedar por detrás de la inflación durante 2026.
Además del aumento salarial, el acuerdo prevé un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país. También se incorporó una partida de $50 mil millones para hospitales universitarios.
Las conversaciones incluyeron, además, la situación del personal docente de establecimientos preuniversitarios, uno de los sectores más afectados por la pérdida del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). En ese marco, se espera una próxima reunión paritaria con los gremios para avanzar en las negociaciones salariales.
Pese al entendimiento alcanzado, las universidades confirmaron que continuarán con la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema de Justicia por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y aún sin implementación efectiva.
La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, aunque actualmente permanece suspendida tras un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. La definición final quedó en manos de la Corte Suprema, que no tiene un plazo establecido para resolver el expediente.
Desde el Gobierno sostienen que la ley presenta irregularidades vinculadas al origen de los recursos necesarios para su financiamiento y consideran que ello impide su aplicación. En tanto, sectores gremiales manifestaron cautela respecto del acuerdo y reclamaron la convocatoria formal a paritarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Mientras tanto, la comunidad universitaria mantiene el estado de alerta. En las últimas semanas se realizaron clases públicas, movilizaciones y medidas de protesta en distintas instituciones educativas para reclamar una solución definitiva al conflicto presupuestario.
